Verano

Es jodido mirar al cielo cuando vives en Madrid. Te han enseñado a soñar en las estrellas pero fijas la vista buscando destino y te devuelve la nada. A unos cientos de kilómetros de allí, hoy trato de averiguar lo que me dicen, en ese lenguaje de parpadeos que todos quisieron descifrar y que al final, se acabaron inventando (no se distinguía el género en una ecografía de tres meses pero ellos supieron que era una osa?)

Suenan los hielos y las chicharras y es verano y todo va bien. Y es efímero y lo sé pero no me importa.

Estoy colmada.

Lo malo no es acosar, lo malo es beber

Ha corrido como la pólvora un vídeo con un falso experimento social que copiando producciones norteamericanas, pone a una actriz a fingir que está borracha (botella de cerveza en bolsa de plástico incluida) en plena Puerta del Sol. El resultado, un desfile de babosos, acosadores, abusadores y probablemente violadores en potencia que tratan de sacar partido de la situación.

Si se tratase de un vídeo para ilustrar que las mujeres estamos rodeadas de cerdos sin saberlo el 90% del tiempo y concienciar sobre cómo se perpetúa la cultura del abuso de generación en generación, no tendría nada que objetar. Es tan cierto que hay hombres que consideran un plus que la mujer sea vulnerable, como que los hay que te tocan el culo si te descuidas en el Metro.

Sin embargo, para mi asombro, el vídeo no va de eso. Es una campaña sobre “los peligros del alcohol” para ilustrar cuán vulnerables nos volvemos cuando bebemos. El problema es que has bebido, no que estés rodeada de tiburones. La solución lógica por tanto no es denunciar esas conductas, cortarlas de raíz y educar para que no se reproduzcan, no. La solución es que una mujer guapa ni debería beber, ni debería beber en la calle, ni debería beber estando sola o estar sola si ha bebido. Una mujer. Guapa.

En la interpretación no voy a entrar porque de cine no tengo ni idea –si se supone que está en profundo estado de embriaguez no sé por qué parece que sólo lleva un puntillo–. Lo que sí tengo claro es que flaco favor nos hacen a todas si al final el mensaje que queda es que las mujeres, como los menores de edad, mejor siempre acompañadas; cuando son ellos, esa manada testosterónica, frustrada y déspota, la que no debería poder caminar libremente por la calle, ni sobria ni borracha.

Por qué digo migrante (y por qué creo que estamos en guerra)

Las palabras.

Últimamente me han hecho distintas personas y en distintos contextos la misma pregunta. Por qué cuando hablo de los muertos en el Mediterráneo o de las personas que saltan las vallas de Ceuta y Melilla me refiero a ellos como ‘migrantes’. He escuchado críticas sobre neolengua, buenismo y dictadura de lo políticamente correcto que me parecen completamente desatinadas. Es una mera cuestión de uso apropiado del lenguaje, sin más. Pero es vital en la configuración del imaginario colectivo.

Emigrante es el que se marcha de su país desde la perspectiva de quienes aún siguen allí.

Inmigrante es el que llega a otro país desde la perspectiva de quienes viven en él.

Migrante es el que se mueve en busca de destino. Quienes le ven partir le llamarán emigrante y quienes le esperen en la meta, dirán de él que ha inmigrado, pero aún está en camino.

Con esta premisa, ¿Qué pasa con el que muere en el intento? ¿Es que el fondo del mar era su destino? ¿Lo era el entrevallado de la frontera? ¿Lo era una cuneta de un camino de cabras en Eslovenia? No, no puede ser llamado inmigrante. Si acaso lo es o lo fue en potencia. Por eso hablo de migración.

Hay otra razón, y son los flujos mixtos que vienen llegando a la Unión Europea, grupos heterogéneos donde conviven personas con el derecho reconocido a obtener protección internacional en un país y personas cuyo derecho a residir en ese país depende de una invitación y un puesto de trabajo. Unos son refugiados o solicitantes de asilo y para un Estado como España, es obligatorio acogerles. A los otros se les llama inmigrantes económicos en el mejor de los casos, inmigrantes ilegales la mayor parte de las veces. Si es necesario simplificar en un concepto ambas realidades, me quedo con el de migración, porque al fin y al cabo están todos migrando y porque aquí entramos en una guerra del lenguaje en la que por honestidad, hay que tomar partido.

La guerra.

El Gobierno se ha venido empeñando a meter a ambos grupos en la segunda categoría, obviando así sus responsabilidades para con los primeros, no sólo ahora con la crisis en la Unión Europea, sino también en las llegadas vía Melilla donde cada vez tenían más presencia quienes huían de la persecución y de la guerra. Hasta que el 2 de septiembre la fotografía de Aylan no se replicó en millones de muros de Facebook, mantuvo una postura abiertamente reacia a la acogida de refugiados y no encontró una gran contestación social.

Tiene una explicación, en España los sucesivos gobiernos desde la llegada del primer gran cayuco a Canarias en los años 90 se han esforzado en construir un concepto de inmigración que más allá de la simple descripción del cambio de país abarque toda una serie de implicaciones, en su mayoría basadas en tópicos y medias verdades. El objetivo era y es conseguir respaldo social para el rechazo sistemático de quienes vienen de fuera en aras, por este orden, de la protección del mercado de trabajo, de la sostenibilidad del Estado del Bienestar y de la seguridad pública y la integridad de las fronteras.

Esa construcción ideológica ha permitido abrir los Centros de Internamiento de Extranjeros, levantar concertinas en Ceuta y Melilla, devolver sistemáticamente a cuantos intenten pasar por allí, retirar la tarjeta sanitaria a las personas en situación irregular o financiar a cuerpos policiales extranjeros cuyas prácticas no toleraríamos en nuestro territorio. Todo ello, en connivencia con el votante. Ha calado la idea de que no cabemos todos y no se ha ofrecido construcción alternativa a este planteamiento, hoy seguramente mayoritario.

Por eso, aunque en 2014 el ACNUR y FRONTEX decían lo contrario, el Gobierno de España (que no el único) seguía refiriéndose a los flujos mixtos como inmigración ilegal. Cuando la mayoritaria presencia de refugiados en esos grupos empezó a ser un hecho para el resto de los Estados miembros, en España se siguió tirando de concepto aprendido. Incluso en junio, cuando Bruselas puso sobre la mesa el reparto por cuotas de una cantidad irrisoria de solicitantes de asilo, el Ejecutivo seguía enrocado en algunos de los mensajes que sustentan ese concepto ‘enriquecido’ en el imaginario común: “efecto llamada”, “capacidad de acogida-tasa de paro“, “seguridad” y “cooperación en origen“.

En ese contexto. reproducir el vocabulario oficialista y referirse a solicitantes de asilo como inmigrantes era y es, además de una falta de rigor, una obscenidad y una imprudencia, pues del reconocimiento del solicitante de asilo como lo que es depende su acceso a los derechos que le son propios. Negar su realidad puede condenarle a la muerte.

Con el término migrante no se excluye al solicitante de asilo ni se le etiqueta bajo la idea abstracta de “inmigración” que tantas implicaciones tiene. Y por eso,cuando no estoy hablando exclusivamente de refugiados, opto por la fórmula “migración”. Y francamente, creo que todos deberíamos hacerlo.

Nosotras y la vacuna de la varicela

Me sentí como acudiendo al estraperlo cuando vacuné a mi hija de varicela aprovechando que en la sanidad privada de Madrid había hospitales declarados en rebeldía contra la decisión del Ministerio de Sanidad que comandaba Ana Mato. No me convencía que me la trajeran de Portugal, de Francia o de Navarra, cosa que hicieron varias de mis amigas, porque al ser una vacuna viva, me daba miedo que se rompiese en algún momento la cadena de frío. Pagué algo más de setenta euros después de muchas semanas llamando al hospital para saber si habían recibido vacunas. Una mañana salí corriendo con la niña hasta allí, había llegado nueva remesa para uso hospitalario. Cuando abandonamos la consulta, quedaban ya solo un par de dosis y media docena de madres con sus bebés en la sala de espera.

Mi pediatra, como la media docena de pediatras que consulté, los dos médicos de cabecera a los que acudí y los expertos en información sanitaria con los que hablé me recomendaban que intentase vacunar a la niña a toda costa. Me decían que la decisión tenía que obedecer a alguna pataleta con la farmacéutica de Ana Mato o de su segunda en el área de salud pública, Pilar Farjas, y que acabarían dando marcha atrás. Al fin y al cabo, me decían, vacunar de varicela al año de vida es prescripción de la sociedad internacional de pediatría y de la OMS.

Mientras, en el ministerio repetían como un mantra que con vacunar a partir de los 12 a los afortunados que no la hubieran pasado era suficiente según tropecientas sociedades médicas. Decían que había comunidades que incluían la vacuna en su calendario y comunidades que no; que eso podía causar un problema de salud pública por desigualdad, que había que unificar los criterios. Impidieron la venta en farmacias también, para que no se dijese que solo los ricos (o los que no siéndolo se quitan de otras muchas cosas para poder pagarlo) podrían vacunar. Salud estética. Al final, nos estaban igualando, sí, pero a la baja. Otras veces un gobierno ha decidido medidas semejantes en ese afán por equiparar. Lo triste es que rara vez eso implica subir el listón. Como con la vacuna de la varicela.

Y ahora, a unos meses de las elecciones, llega Alfonso Alonso, ese hombre del PP que utiliza el chascarrillo como un manojo de llaves, y dice que la va a restablecer: se incluirá en el calendario vacunal.  No dice por qué se retiró. No critica, ni siquiera comenta la decisión de su predecesora en el cargo. No explica por qué ha decidido revertirla ni con qué argumentario. No cuenta por qué de repente ha dejado de ser mejor que los bebés enfermen o esperen a los 12 años de edad para inmunizarse. Tampoco dice qué pasa con todas esas madres que como yo, fuimos privadas del derecho a elegir lo que consideramos mejor para nuestros hijos. El ministro de Sanidad se ajusta las gafas con el dedo índice, entorna los ojos y sonríe. Y yo siento que me está enseñando el dedo corazón mientras me oculta una histórica metedura de pata de la que pocas nos acordaremos; no nacieron tantos niños en 2012, al fin y al cabo.

PD: Begoña, querida pediatra, tenías razón. Él no te lo dirá, pero yo sí. Abriremos jarabe para celebrarlo.

Mi ‘versión original’

En 2009/2010 el Ministerio de Igualdad comandado por Bibiana Aído creó una sección en la web institucional titulada “La otra cara de la actualidad”. La idea era tener un espacio de réplica, contra réplica y desmentido donde poder volcar la posición del Ministerio sobre cuestiones que a su parecer, no estaban bien contadas en la prensa. Llegó después de dos años de polémicas (y ataques furibundos) y ante el desbordamiento de su equipo de prensa, tres personas que no daban abasto para apagar los fuegos.

Me cuenta una de aquellas personas que podrían haber creado todo un departamento sólo para rebatir las informaciones que se publicaban. No sé si tiene razón. Lo cierto es que Twitter no se había consolidado como espacio de desquite en la vida política y llegó un punto en que se vieron incapaces de frenar determinadas bolas de nieve. Una de las réplicas estrella de aquella web fue la que explicaba que los 26.000 euros que según los titulares había gastado Igualdad en un “mapa de excitación sexual del clítoris” era en realidad el presupuesto de un estudio sobre mutilación genital femenina entre cuyos capítulos, constaba uno dedicado a esa cuestión.

Curiosamente, la creación de aquel espacio fue quizá la medida de Aído que menos polémica suscitó. No subieron más de media docena de réplicas en las que no se podían publicar comentarios y su repercusión fue poca o ninguna. Con el tiempo y el cambio de Gobierno, aquel epígrafe de la web institucional acabó desapareciendo. La persona consultada que formaba parte del equipo promotor sigue defendiendo que fue una buena idea y sostiene que es una herramienta como otra cualquiera para generar información.

Al Ayuntamiento de Madrid se le ha ocurrido algo similar. Lo llaman ‘Versión Original’ y se ha instalado en la página web de la institución. Les llueven las críticas. La FAPE habla de “halo de censura”, la APM pide la retirada, en las tertulias se cita 1984 y no son pocos los compañeros que señalan un ataque a la libertad de prensa y el derecho a la información. No entiendo bien por qué. Empiezo a preguntarme si es el miedo a que nos saquen los colores o a perder definitivamente el control absoluto del micrófono.

Al fin y al cabo, la institución que dirige Manuela Carmena está publicando ‘su verdad’, que no la única. Está dando ‘su versión’ de los hechos, pero eso no impide que el periodista coja ese contenido, lo ponga en contexto y deje en evidencia al Ayuntamiento si es que esa argumentación es propagandística, falaz, incompleta o directamente un embuste. No creo que haya censura, sino otra portavocía, como la que ejercen políticos y no políticos cuando se defienden en Twitter o publican aclaraciones vía nota de prensa.

Creo, además, que el ciudadano, que desconfía de nosotros y con razón, tendrá la oportunidad de leer sin procesar lo que su ayuntamiento tiene que decirle y decidir si le satisface o no la explicación. Hoy es un hecho que los medios no somos la única vía de información, es lógico que la gente quiera tener acceso directo a las fuentes y, en ese contexto, entiendo que no es una amenaza para nuestro trabajo –seleccionar de entre todo el ruido lo importante, contrastarlo, darle contexto y hacerlo inteligible para el receptor– sino un desafío: si lo hacemos mejor, no tendrán que ir a buscar a otro sitio.

En cuanto a la estrategia en sí, bueno, tengo mis reservas. Puede volverse en contra del Ayuntamiento. Ya no sólo por lo terrible de señalar en público el mal hacer de un periodista, como agitando a la turba, en lugar de ejercer directamente su derecho de rectificación, sino porque de ahora en adelante tendrán que publicar una “versión original” de cuanto se difunda sobre la institución. De otro modo, el día que se radie, por ejemplo, un caso de corrupción o la mala gestión de un bien común, la ausencia de una réplica en su web será interpretada como la asunción de un hecho cierto.

La persona del extinto departamento de Aído con la que he hablado me dice que era un buen método para poner fin a una polémica, pero no lo tengo nada claro. Si el medio rebate la información en ‘versión original’, el Ayuntamiento tendría que publicar una nueva y así ad infinitum. ¿De verdad le interesa a una institución de tal magnitud una guerra informativa sin cuartel por un fuego que se extinguiría reiterando posición en declaraciones públicas?

Supongo que en esto, el tiempo lo dirá. Como dirá también si se imponen o no las famosas tasas en Madrid. Esa será, me parece, la auténtica ‘versión original’. Que pregunten si no a los de Maldita Hemeroteca.

1992/1994: Cuando fuimos solidarios con los refugiados de una guerra

Esma Kucukalic, refugiada: “Yo tenía 9 años, mi hermana 20, y España nos brindó la oportunidad de intentar normalizar nuestra situación”  

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) –

España acogió en su territorio a unos 2.500 refugiados de Bosnia Herzegovina entre 1992 y 1994, mientras atravesaba la mayor crisis económica conocida en democracia y registraba casi dos puntos más de paro que en la actualidad, lo que lleva a instituciones y ONG a defender que hoy, cuando la Unión Europea llama a los Estados miembros a acoger personas para evitar que mueran en el Mediterráneo, la coyuntura económica no puede servir de excusa en la respuesta a la emergencia humanitaria.

Bruselas ha pedido a España que de aquí a 2016 se haga cargo de 4.288 personas que se encuentran en Italia y Grecia y que asuma el reasentamiento de otras 1.549 que se encuentran en el Norte de África y necesitan protección. El Gobierno ve injusto el reparto fijado entre Estados,considera que ya soporta peso suficiente y que no se ha sopesado el nivel de paro nacional. En CEAR; como en otras ONG, consideran que el ‘cupo’ es “claramente asumible”.

Para la presidenta del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL), Paca Sahuquillo, “el número designado por la UE para España es muy pequeño, ridículo” y hay capacidad para más. “Pudimos acoger refugiados en una España más pobre y con más problemas. Ahora tenemos problemas sí, pero en mejores condiciones y lo tenemos que hacer porque es absolutamente inhumano que no podamos acoger a gente que está huyendo del horror que es la guerra“, señala.

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Asumir la responsabilidad

A Ángela Gonzalez le mataron a su hija hace doce años. Fue el padre de la niña, el hombre que la venia maltratando y del que ella se había separado. Lo hizo durante un régimen de visitas sin vigilancia que un juez obligó a garantizar no sólo contra la voluntad de Ángela y de la propia cría, sino contra un alud de informes y testigos que recomendaban lo contrario. Ángela González, un día de tantos, como esos en los que la policía constataba en su domicilio que la niña no quería acudir, se vio obligada a dejar que se marchara con él. No la volvió a ver. Andrea sólo tenía siete años.

Ángela Gonzalez, por Women's Link

Ángela Gonzalez, por Women’s Link

Peleó, mucho y muy fuerte, hasta que no quedaron tribunales en España donde pedir justicia, y se fue hasta la mismísima ONU a reclamarla. Hoy hace 217 días que 36 expertos internacionales en Derechos Humanos le dieron la razón. Fue un voto unánime, no cupo ninguna duda: el Estado español, es decir, todos nosotros, había fallado para ella y para su hija. Nos condenaron, por primera vez en la historia, por una cadena de negligencias que había acabado con una vida y destrozado muchas más. A nosotros, que en las ruedas de prensa nos venimos jactando de las lecciones que damos al mundo con nuestras leyes de violencia de género, nuestro interés superior del menor y nuestra protección integral de los derechos fundamentales. A nosotros. Nos condenaron a todos nosotros.

El dictamen no da lugar a error. España, gobierne ya quien la gobierne, debe investigar qué ocurrió, cómo y por qué sucedió, tomar medidas para evitar que se vuelva a poner la vida de un niño en manos del hombre que machaca a su madre y garantizar una reparación adecuada a la magnitud del daño causado para la superviviente de ese infierno.

Quien gobierna hoy es el Partido Popular y el responsable de acatar la resolución de la ONU su ministro de Justicia, un señor menos conocido que su predecesor en el cargo, Alberto Ruiz Gallardón, que se llama Rafael Catalá y que ha zanjado la respuesta del Estado con un informe en el que básicamente, España escurre el bulto.

Alega que ocurrió hace tanto que ya no se puede investigar lo que pasó y así, sin haberlo investigado, asegura que no existe ningún fallo en el sistema judicial que necesite ser remediado. Dice que el Estado no es culpable de nada porque así lo dijeron los tribunales, los mismos cuyas decisiones desacredita la condena de la ONU. Considera que no hay razón para indemnizar a esta madre sin hija, aunque insinúa que puede volver a litigar para intentarlo. Presume de medidas adoptadas, aunque las más concretas y a nueve meses de que acabe la legislatura, no han entrado en vigor.

Obvia el ministro que la ONU no condena a los suyos, sino a todos nosotros, el Estado español. Obvia que el sistema no cambia cuando cambia un gobierno, que los jueces de Ángela siguen en sus puestos, igual que los equipos psicosociales, los abogados y hasta los médicos que visitó. Él hoy gobierna sobre quienes incurrieron en ese “anormal funcionamiento de la Administración de Justicia”, pero considera que no hay nada que hacer al respecto.

Obvia también el ministro que Ángela tiene documentación suficiente del caso como para poder repasar doce años de litigios en una hora sin moverse del sofá. Eso, sin ser una investigación, le bastaría para hacerse una idea de que algo no se hizo bien, porque no hace falta ser de matrícula de honor para comprender que si a un hombre en el punto de mira judicial se le da la oportunidad de asesinar a una niña de siete años tiene que ser por negligencia.

El Estado, como responsable último de cuanto acontece en el sistema que administra, tiene que garantizar si no una solución, al menos una reparación del daño causado. Es lo que dicta Naciones Unidas. Es de sentido común. Es de Justicia. Es, sobre todo, una cuestión de dignidad. La dignidad de una ciudadana que tenía razón. La dignidad de un país que da la cara y asume su responsabilidad con ella.

Aquí puedes leer el dictamen completo por el que la CEDAW condenó a España

Aquí y Aquí noticias sobre el tema

Aquí tienes más información sobre el caso, que llevan las abogadas de la ONG Women’s Link Worldwide